Ya ha transcurrido un año desde la aprobación de la Política de Certificación que da soporte a los certificados reconocidos de empleado público. El día 15 de febrero de 2008 se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del director general de Modernización, por la que se da publicidad a la política de certificación de certificados reconocidos de empleado público y desde entonces se ha comenzado un interesante camino, no exento de sorpresas.
Los certificados reconocidos de Empleado Público nacieron con el objetivo de dar respuesta a la necesidad o conveniencia de identificar a la persona física que actúa en un procedimiento o tramitación, junto con la Administración a la que esa persona pertenece y en nombre de la cual actúa. Esta doble identificación se apunta en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuando establece que la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se debe realizar mediante firma electrónica del personal a su servicio. En el artículo 19.2 se hace una alusión directa a la identificación conjunta cuando dice que:
“2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.”
Los certificados reconocidos de Empleado Público se emiten en soporte seguro de creación de firma por diversos motivos, entre los que se encuentran la mayor necesidad de seguridad cuando se lleva a cabo una actividad profesional o acuerdos con otros Prestadores de Servicios de Certificación y organismos de la Administración General del Estado y otras Administraciones Autonómicas tanto en lo que se refiere al perfil de certificado como en lo relativo a la seguridad de las claves asociadas. Además, hay legislación que afecta a determinados departamentos de las Administraciones que requieren del uso de firma electrónica reconocida, como es el caso del personal que debe firmar los documentos incluidos en algunos expedientes de contratación, que deben ser publicados electrónicamente en el Perfil del Contratante, tal y como establece la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (en esta norma se hace referencia expresa a la “firma electrónica reconocida” y, por tanto, al uso de tarjeta o dispositivo criptográfico equivalente).
La tarjeta con el certificado de Empleado Público es susceptible de convertirse en el carné profesional de la Administración que los distribuye entre sus empleados, ya que puede alojar una foto de la persona, banda magnética, códigos de barras o chips de proximidad, además de los componentes criptográficos.
En el caso de este tipo de certificados, la identificación de los usuarios para poder expedir los certificados, se supone previamente realizada por la Administración solicitante de los certificados. Es esa Administración la que solicita el certificado para el personal a su servicio, hace entrega de éste a la persona correspondiente y la que solicita la revocación cuando cesa la relación laboral o ésta cambia. La ACCV es un mero “brazo ejecutor” de lo indicado por la Administración para la que emite los certificados digitales.
Esta forma de emisión y distribución de certificados, en la que no se requiere de la presencia física de los usuarios facilita los procesos de emisión masiva de una forma rápida y manteniendo los costes logísticos al mínimo.
Para dar mayor valor a los certificados reconocidos de Empleado Público, desde un primer momento se solicitó la admisión a varios organismos con conocidas oficinas virtuales y de uso casi obligado por gran parte de colectivo de usuarios de los certificaos de la ACCV. Nos referimos en este punto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Dirección General del Catastro, la Dirección General de Tráfico, etc. En este caso se utilizaría una herramienta de trabajo para su uso en el ámbito privado de los titulares, aportando así un extra de funcionalidad y valor a estas herramientas.
Por lo que se refiere al estado de la distribución de este tipo de certificados, se han emitido ya más de 7.200 certificados, fundamentalmente para las Consellerias de Educación y de Justicia y Administraciones Públicas. En menor medida, se han distribuido certificados para todas las Consellerias, para más de un centenar de ayuntamientos de la Comunitat y para diversas entidades públicas.
Por encontrarse fuera del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, cabe destacar un proyecto recién iniciado por parte de la ACCV para distribuir certificados reconocidos de Empleado Público en el ayuntamiento de Burgos. Este proyecto consiste, fundamentalmente, en la distribución de 2.000 tarjetas criptográficas con otros tantos certificados de empleado público para el personal adscrito a esta Administración.
Es previsible que este año 2009 el volumen de los certificados de Empleado Público supere la cifra de 17.000, en el camino hacia una distribución generalizada de las herramientas corporativas de firma electrónica entre la Administración Pública valenciana.
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