Sala de premsa

30/04/2010
Crònica dels tràmits parlamentaris de la Llei d'Administració Electrónica

El proyecto de ley de Administración electrónica, que entró en Les Corts en diciembre de 2009, ha sido objeto de una rápida tramitación parlamentaria. Puede afirmarse que el elemento más relevante de su iter legislativo ha sido el consenso logrado entre los Grupos parlamentarios Popular y Socialista en la redacción final del texto legislativo. 

Tras la tramitación del Proyecto de Ley por la Mesa de Les Corts, el Consell lo presentó ante el Pleno en un debate de totalidad, en la sesión del día 3 de marzo de 2010, fijando los grupos parlamentarios su posición al respecto del mismo en la citada sesión [1].

Al Proyecto de Ley fueron presentadas un total de 75 enmiendas, que correspondieron 10 al Grupo Parlamentario Popular, 53 al Grupo Parlamentario Socialista, 7 al Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís y 5 a la Agrupación de Diputados y Diputadas no Adscritos[2].

Estas enmiendas fueron debatidas en el seno de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, donde se aprobaron 16 enmiendas de aproximación, 1 enmienda técnica y 26 enmiendas parciales. Entre otras cuestiones, estas enmiendas aprobadas en Comisión hacían referencia la gratuidad de los procedimientos electrónicos; a las disposiciones relativas a los derechos y deberes de los ciudadanos; a la existencia de la carpeta personal electrónica; a la formación a los empleados públicos; la existencia del observatorio de la administración electrónico, etc[3].

El dictamen de la Comisión fue debatido en el Pleno de Les Corts el pasado día 21 de abril. Los grupos parlamentarios mantuvieron 19 enmiendas parciales para su defensa en dicho debate, siendo aprobadas la totalidad de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y quedando desestimadas las de la Agrupación de Diputados no Adscritos y del Grupo Compromis. En particular, quedaron fuera del consenso las propuestas relativas al fomento del software libre frente a la libertad de elección tecnológica que consagra la Ley y a la garantía de atención presupuestaria a las sedes electrónicas de los municipios, que no tengan capacidad financiera para ello[4].

Desde el punto de vista formal, la extensa Ley se estructura en cinco títulos, doce disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y siete disposiciones finales, con un total de cincuenta y siete artículos.

En cuanto al contenido, como se establece en el propio Preámbulo, en el título preliminar se hace referencia al objeto de la ley, régimen jurídico, ámbito de aplicación, principios generales y una remisión general en materia de definiciones a la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

El título I es el dedicado a regular uno de los objetos fundamentales de la ley, cual es el relativo a la consagración y desarrollo de los derechos derivados del reconocimiento del derecho a relacionarse electrónicamente los ciudadanos y ciudadanas con sus administraciones públicas.

La regulación del régimen jurídico de la administración electrónica se contiene en el Título II. La accesibilidad en general de las sedes electrónicas y sus obligaciones de información se complementan con la identificación y autenticación a través de sistemas de firma electrónica, adquiriendo la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica un importante papel en el ámbito del sector público de La Generalitat. Los registros electrónicos y las comunicaciones electrónicas se regulan igualmente en este Título junto a la administración personalizada y la formación de los empleados/as públicos.

El título III se dedica a la regulación del procedimiento administrativo a través de medios electrónicos y el Título IV se refiere a la organización general de la administración electrónica en el ámbito de La Generalitat y de la Comunitat Valenciana, previendo la existencia del Observatorio y del Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

Por último, subraya el legislador en el Preámbulo de la Ley la obligación que se impone al Consell de impulsar y fomentar las iniciativas de la sociedad civil y emprendedora de la Comunitat Valenciana que persigan el reconocimiento del nombre de dominio bajo el «.cva».

En conclusión, esta Ley confirma la voluntad de La Generalitat de desarrollar la ley estatal de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de regular los aspectos no básicos de aquella norma y de conformar un proyecto de administración propio para todas las administraciones y organizaciones públicas de la Comunitat.

D. Javier Guillem Carrau

Lletrat de Les Corts Valencianes


[1] DSCV 113/VII de fecha 03.03.2010

[2] BOCV núm 217, de 10 de marzo.

[3] DSCCV 22/VII de 22.03.2010

[4] DSCV 117/VII de 21.04.2010

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